Puedes consultar el anexo (cifras + gráficas) «Un balance en cifras«
Índice
- Unas reglas para un balance
- Un marco hostil a las necesidades sociales
- La soledad de las ciudades
- Burbuja especulativa y desahucios en el alquiler
- La propuesta de las ciudades y el acuerdo entre Unidos Podemos
y el Gobierno de Pedro Sánchez - Aumento del parque municipal de vivienda
- La expropiación de uso, una de las claves
- “Alegra tu vivienda” capta 432 viviendas
- La promoción de vivienda pública
- Alojamientos con servicios compartidos
- El Plan de Inversiones de Zaragoza Vivienda 2018-2023
- Las dimensiones
- Rentabilidad social y medioambiental
- La Oficina Municipal de Vivienda
- Incorporadas 689 nuevas viviendas de alquiler social municipal
- Más de 700 adjudicaciones de vivienda de alquiler social
- Balance positivo de las políticas municipales
dirigidas al aumento del parque de alquiler social - No toda la política de vivienda es “poner ladrillos”
- Las primeras promociones mediante derechos de superficie
- Gestión social y trabajo comunitario
- Viviendas a disposición de entidades sociales
y programas municipales - La rehabilitación
- Concejalía abierta
- Un necesario agradecimiento
- Conclusiones
- El documento incluye el anexo «Un balance en cifras«
Balance de las políticas municipales de vivienda 2015-2019
La cuestión del acceso a la vivienda resultó ser un tema clave en los programas y en la propia configuración de las candidaturas de unidad popular que formaron gobierno en buena parte de las grandes ciudades en el año 2015. Algo lógico para unas confluencias políticas y sociales conformadas por buena parte de la capa de activistas que empujaron las movilizaciones que se sucedieron desde el estallido de la crisis. Desde que irrumpió el 15M en las plazas y calles en 2011, hasta el 2014, los movimientos reivindicativos se multiplicaron alcanzando gran relevancia social. Fue la respuesta de la sociedad a los terribles efectos de la crisis y las recetas de La Troika ejecutadas sin rubor por los gobiernos españoles y el conjunto de las administraciones públicas. El rescate bancario, la crisis de la construcción y la estafa hipotecaria, fueron -y son- sin duda algunos de los aspectos imprescindibles para caracterizar a la nueva época que se abría y a las convulsiones sociales que se han sucedido.
No es de extrañar que unas candidaturas conformadas hace cuatro años, justo cuando aún no era perceptible la resaca de las movilizaciones, recogieran la experiencia colectiva nacida durante ese periodo y se viera fuertemente influenciadas por el mismo. Por todo ello, no podríamos entender las iniciativas municipalistas sin los acontecimientos sucedidos en torno a la cuestión de la vivienda, siendo la ola de desahucios su expresión más atroz y conocida. En contraposición, las plataformas (PAH/Stop Desahucios) lograron frenar con organización colectiva y desobediencia civil miles de desahucios por todo el Estado, poniendo encima de la mesa propuestas legislativas con un amplio apoyo social.
Así, en junio de 2015, cuando se conformaron los gobiernos municipales compuestos por candidaturas de unidad popular, la vivienda -en buena lógica con el relato anterior- se convirtió en uno de los asuntos claves de la acción política. Frenar la emergencia habitacional, aumentar el parque público de alquiler social y reactivar las políticas públicas para garantizar el acceso a la vivienda serían unas de las prioridades para los nuevos gobiernos municipales.
Zaragoza no fue una excepción de todo este proceso. Y el nuevo Gobierno conformado en minoría por Zaragoza en Común, con el apoyo en la investidura de los grupos del Partido Socialista y Chunta Aragonesista, llegaba con importantes compromisos: La creación de una Oficina Municipal de Vivienda que ofreciera una atención integral y garantizara una alternativa habitacional frente a los desahucios; la puesta en marcha de un Plan para lograr que Zaragoza cuente con 5.000 viviendas de alquiler social en los próximos mandatos; el impulso de procesos de vivienda colaborativa tanto de promoción municipal, como mediante la cesión del uso de superficie a cooperativas; apoyo para los procesos de organización colectiva -como lo fue la Obra Social de la PAH- con el fin de recuperar bloques vacíos en manos de la SAREB o entidades financieras; así como apoyar al Gobierno de Aragón para impulsar acciones legislativas necesarias para la expropiación de uso de las viviendas vacías en manos del sector financiero e inmobiliario.
El programa era extenso y pormenorizado en un intento de construir una nueva realidad para las políticas públicas de vivienda, siendo conscientes de las limitaciones competenciales de las administraciones locales. Un programa en el que ya se expresaba que los equilibrios de fuerza políticos y sociales, dentro y fuera de la institución municipal, serían claves para su desarrollo. El marco normativo -es necesario reiterar- queda en manos de las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España, y esto nos hacía pensar en la necesidad de una importante movilización social para lograr la modificación de normativas (Ley hipotecaria, Ley de Arrendamientos Urbanos…). Por ello en nuestra mano estaba presionar a las administraciones competentes para la introducción de medidas como la expropiación de uso de las viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias; incluir las viviendas de la SAREB en el parque público de vivienda; o, por ejemplo, la regulación en los precios del alquiler. También imprescindible era lograr un aumento del presupuesto destinado al Plan Estatal de Vivienda, dotado de forma ridícula hasta el momento y que debería de ser una herramienta principal para financiar la construcción de vivienda pública o impulsar la política de rehabilitación. Los ayuntamientos del cambio no hemos parado de exigir esos cambios normativos, así como más recursos públicos, y nos hemos coordinado para lograr amplificar las necesidades urgentes en materia de vivienda.
Gran manifestación -16 de febrero de 2013- en Zaragoza reclamando la conocida como ILP de la PAH o de la «dación en pago».
Unas reglas para un balance
Un balance de un mandato, desde una óptica de izquierdas, debería de comprender el resultado del equilibrio entre lo comprometido y lo efectivamente realizado. Atendiendo también el diferencial entre las necesidades sociales y las necesidades cubiertas; y añadiendo los condicionantes subjetivos relacionados con los equilibrios de fuerza entre los distintos intereses que intervienen en la cuestión de la vivienda.
Es necesario atender estos últimos condicionantes subjetivos. Nuestras perspectivas respondían a la confianza en los procesos de organización y movilización social para impulsar nuestro programa (el general y el de vivienda), y hemos de admitir que desde el 2015 se consumó un estancamiento de dichos procesos, con señales que evidencian una resaca. No nos equivocamos en la importancia central de este factor para lograr nuestros objetivos, éramos conscientes del cansancio en buena parte de los activistas. Pero no fuimos capaces de percibir la profundidad del proceso de desmovilización y la confianza excesiva en la vía institucional que cundió en buena parte de la izquierda social, política y sindical.
Esto no quiere decir que la resaca sea eterna. Se dan condiciones para una nueva marea, aunque es impredecible cuándo llegará. El potencial de organización social sigue intacto y las posibilidades no se han esfumado para siempre. Al mismo tiempo la polarización política y social; los acontecimientos nacionales e internacionales; así como la falta de perspectivas positivas para una amplia mayoría de la sociedad, anuncian un futuro convulso en el que están surgiendo nuevos peligros, pero también nuevas oportunidades. No trata esta memoria de profundizar en las perspectivas políticas y sociales, pero era imposible apartarla del necesario balance de las políticas municipales de vivienda.
Respecto al equilibrio entre lo comprometido y lo realizado en materia de vivienda, todo lo que ha estado en nuestra mano ha sido puesto en marcha. El programa de vivienda tenía dos grandes vectores de actuación: atención de la emergencia habitacional y ampliación del parque municipal de vivienda. Y en estos marcos, aún sin capacidad normativa y legislativa, se han logrado importantes avances en los que profundizaremos más adelante. Un dato general que ejemplifica el esfuerzo del Ayuntamiento de Zaragoza durante el actual mandato en esta materia es el aumento constante del presupuesto municipal dedicado a vivienda que arroja un diferencial del 249% (desde 2015 al proyecto de presupuesto municipal de 2019). Este esfuerzo ha permitido recuperar la promoción de vivienda de alquiler social, abandonada en anteriores mandatos, y también recuperar las políticas de rehabilitación que habían quedado reducidas a la mínima expresión. Otro gran bloque de trabajo ha sido el comunitario y social; tanto en la consolidación de los proyectos existentes, como con la puesta en marcha de nuevas iniciativas en este terreno.
En líneas generales, podemos afirmar sin rubor que la entrada de los llamados “gobiernos del cambio” en las grandes ciudades han supuesto una transformación de las políticas de vivienda. Un cambio que necesitará de su continuidad en el futuro si se pretende consolidar el aumento sostenido del parque público de vivienda, la rehabilitación del parque edificatorio, el trabajo social/comunitario y el presupuesto necesario para lograrlo.
Un marco hostil a las necesidades sociales
Para establecer un balance decíamos que también es necesario atender a la relación entre lo realizado y su impacto en las necesidades sociales, y, aquí es donde más autocríticos debemos ser. Aún conscientes del gran esfuerzo realizado, el déficit español en políticas públicas de vivienda es de dimensiones colosales, y, aún considerando todos los avances, el actual marco legal y administrativo parece resistente a la consideración del acceso a una vivienda como un derecho. De la misma forma que lo aparentan las ridículas dotaciones presupuestarias del Plan Estatal de Vivienda o la fallida resolución de la estafa hipotecaria -resuelta en favor del sector financiero mediante el rescate con dinero público y la ejecución hipotecaria de cientos de miles de viviendas-, sin olvidar la creación de la SAREB, incluso, no se ha dudado en modificar la Constitución (art. 135), para elevar el principio de estabilidad presupuestaria paras situarlo por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos. para garantizar que este gigantesco expolio está por encima de los derechos básicos de la población en el régimen legal.
El Estado se ha comportado durante las últimas décadas como un consejo de administración del sector financiero, podemos definir el actual marco institucional español como un marco hostil al derecho a la vivienda. Fue precisamente este marco el que creó las condiciones para el desastre vivido desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008; y ha sido este marco el que ha evitado la puesta en marcha de medidas eficaces en el corto plazo como era la expropiación de uso de las viviendas vacías en manos del sector financiero, planteadas por distintas comunidades autónomas,; o el que desdeñaba de forma repetida las propuestas legislativas de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca).
Es precisamente ese atraso histórico en materia de vivienda provocado desde las propias instituciones y poderes públicos, el que ha dado una singularidad a la crisis en España con efectos terribles que no se han dado en países de nuestro entorno a pesar del crecimiento del desempleo o la caída de los ingresos. El acceso masivo a la vivienda mediante propiedad por parte de la población o la especulación inmobiliaria se hicieron sobre un sobreendeudamiento generalizado de la sociedad. Lo que combinado por los escasos recursos públicos en materia de vivienda y una legislación hipotecaria terrible dieron como resultado cientos de miles de ejecuciones hipotecarias y un coste social enorme para rescatar al sector financiero.
Si queremos constatar ese subdesarrollo en políticas de vivienda en España lo podemos hacer con dos indicadores: el tamaño de su parque público de vivienda y su gasto en la materia. Mientras en Holanda el 30% de las viviendas son públicas, el 29% en Dinamarca, el 17% en Reino Unido y en Francia; en España el parque total de vivienda representa un 2%. Y el gasto en vivienda en medio de una auténtica emergencia habitacional apenas supone el 0,5% del PIB, por debajo de la media de la Unión Europea.
La soledad de las ciudades
Sobre el papel existen consensos entre las distintas administraciones y organizaciones políticas: es necesaria más vivienda pública; es necesaria más rehabilitación; como lo son la alternativa habitacional o la eficiencia energética. Sin embargo los hechos no se corresponden con esos buenos deseos. Las ciudades han sufrido una enorme soledad durante estos últimos años a la hora de abordar los desahucios, atajar los procesos especulativos con el alquiler o trabajar por el aumento del parque público de vivienda. Lo han hecho sin competencias normativas en base a un importante esfuerzo presupuestario. Y este esfuerzo no ha sido correspondido por el conjunto de las administraciones públicas. Es necesario destacar que los ayuntamientos han desarrollado sus políticas de vivienda “a pulmón” o con apoyos muy limitados, de hecho la llegada de recursos económicos del anterior Plan Estatal de Vivienda hacia los municipios ha brillado por su ausencia durante este mandato, pese a la bonita literatura de dicho plan.
En marzo de 2018, con motivo de una visita al Ministerio de Fomento de las llamadas “ciudades del cambio” realizamos una comparativa en el esfuerzo presupuestario de los municipios respecto al resto de administraciones. Queríamos contagiar al entonces Gobierno de Rajoy de la necesidad de incrementar de forma importante los fondos del Plan Estatal de Vivienda hasta los 2.000 millones de euros como primer paso para un despegue paulatino de las políticas públicas de vivienda. La comparativa del gasto por habitante (con datos de 2017) entre el Gobierno Central, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza es muy significativa. Mientras el Estado dedica 10 euros por persona y año a las políticas de vivienda y la Comunidad Autónoma de Aragón invierte 13 euros, la cifra se eleva a 34 euros por habitante en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza. Esta asimetría se repite en la mayoría de las grandes ciudades españolas, entre ellas Madrid y Barcelona. Es el “mundo al revés”, las administraciones más pequeñas, y sin competencias efectivas en viviendas, son las que mayor esfuerzo han realizado durante este periodo.
Las ciudades, además de reclamar más fondos para las políticas de vivienda, han realizado innumerables propuestas normativas, así como medidas políticas. Conscientes de la realidad, viviendo en primera persona la atención a los vecinos y las vecinas, los ayuntamientos han sido las primeras instituciones en alertar sobre la prevalencia de la emergencia habitacional o en señalar el proceso especulativo con los alquileres. Dos fenómenos que ya denunciaban desde las plataformas sociales con anterioridad, pero que sin embargo han sido irresponsablemente banalizados, e incluso negados, por algunos partidos y gobiernos.
Comparecencia de prensa de las «ciudades del cambio» en el Congreso.
Burbuja especulativa y desahucios en el alquiler
El programa de Zaragoza en Común ya introducía la necesidad de intervención en los crecientes desahucios de alquiler. Y la primera medida en materia de vivienda que se aplicó (julio de 2015) fue la creación de la Oficina Municipal de Vivienda (OMV) que introduciría un nuevo programa de mediación en casos de desahucios por impago de rentas de alquiler. Como veremos después, no nos equivocábamos en la urgencia de esta medida y en las consecuencias que traería una Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que dejaba a los inquilinos e inquilinas a los pies de los caballos. En cuestión de meses el programa acumuló cientos de mediaciones y supone con diferencia el área de la OMV que más esfuerzos genera.
Durante este mismo periodo hemos vivido un crecimiento de las rentas de alquiler, que ha galopado sobre una transformación del mercado de la vivienda. El proceso se ha cimentado sobre el estallido de la burbuja inmobiliaria y de la apropiación por parte del sector financiero de cientos de miles de inmuebles, la mayoría vivienda habitual situada en las grandes ciudades. Dichas viviendas -de las que con anterioridad fueron desahuciadas familias- han sido convertidas en activos financieros que se permitieron tildar de “tóxicos”. Esta transformación es la consecuencia de las directrices de la Troika (UE, BCE y FMI) y marcadas por las condiciones del rescate financiero realizado sobre las espaldas de la población española (deuda pública y recortes). Y ese es el guión que se mantiene y que incluyó la creación de la SAREB (conocida con el Banco Malo) con capitalización estatal y que persigue la comercialización (lavado de activos) del sector financiero.
Hoy vemos como el círculo se va cerrando y las terribles consecuencias que ha tenido. Esa transformación ha significado una concentración del parque de vivienda en menos manos. Y siguiendo el guión, una gran parte de dichos activos han sido convertidos en paquetes inmobiliarios que se han vendido (o mal vendido) a fondos buitre. Hoy fondos norteamericanos como Blackstone, Lonestar o Cerberus acumulan decenas de miles de viviendas en España procedentes de las entidades financieras. A nadie se le escapa que el único fin de estas adquisiciones es la especulación. Este proceso de venta de activos ha sido especialmente fuerte en 2018 (y seguirá según los anuncios del sector financiero en 2019). Es preciso señalar que otra parte de las propiedades procedentes de la “ola de ejecuciones hipotecarias” se ha “drenado” a través del sector inmobiliario minorista o incluso de particulares con ofertas unidas a la concesión de hipotecas.
Durante estos últimos años hemos asistido a la conversión del alquiler de vivienda como un “área de inversión”. Incluso los medios generalistas animaban el cotarro dando rienda suelta a los informes del sector financiero que anunciaban rentabilidades en el alquiler mayores al de cualquier activo financiero (de no riesgo). La LAU que ya era una ley que no garantizaba estabilidad, fue reformada por el Gobierno de Rajoy para desregular aún más el mercado del alquiler. Los contratos a tres años, la falta de límites a las subidas del precio a la finalización de contrato, el desahucio exprés, la desprotección ante una situación de vulnerabilidad, han hecho el resto. Precisamente -y como era previsible- la conclusión de los primeros contratos en virtud de la LAU -reformada por Rajoy en 2013- ha coincidido con los incrementos de las rentas al acelerar las revisiones de precios que no tienen, recordemos, limitación alguna.
Además esto ha provocado un número inaceptable de desahucios por impago de rentas o por los llamados “desahucios invisibles” por finalización de contrato. Una tendencia estatal, que en la provincia de Zaragoza se ha plasmado en 892 desalojos en aplicación de la LAU durante 2017, una cifra récord desde el estallido de la crisis en el alquiler y que en 2018 parece que ha seguido la misma senda conociendo los datos de los tres primeros trimestres. Los alquileres en la ciudad han crecido muy por encima de los salarios y los ingresos familiares, y las garantías para acceder a una vivienda de alquiler se han endurecido hasta dejar excluidas a muchas familias que deben convivir con el hacinamiento, los pisos compartidos o las viviendas ocupadas de fondos de inversión o entidades financieras. Por desgracia no disponemos de indicadores fiables para conocer el precio real del alquiler en la ciudad pero todos los actores (desde plataformas sociales a operadores inmobiliarios) señalan subidas importantes que nosotros constatamos a través de la OMV o de la atención directa en la concejalía. En Aragón, en diez años los salarios han bajado un 3.7% y los precios han subido un 8,9%. Resultando una pérdida de poder adquisitivo del 12,6%. Sólo en el último año según algunos operadores inmobiliarios el precio del alquiler ha subido en una horquilla entre el 7% al 12% en Zaragoza. Es evidente que aún sin rigurosidad científica para establecer un dato concreto: los alquileres se han disparado y más teniendo en cuenta la caída de los ingresos familiares en la última década.
La propuesta de las ciudades y el acuerdo entre Unidos Podemos y el Gobierno de Pedro Sánchez
Zaragoza, en alianza con otras ciudades como Barcelona, Madrid, Cádiz, A Coruña, Valencia, Santiago o Córdoba, planteó en la primavera de 2018 una propuesta de reforma de la LAU y de intervención pública en el alquiler. La iniciativa planteaba ampliar de tres a cinco años los contratos de alquiler; mejorar los derechos de los inquilinos e inquilinas a la finalización de contratos y la limitación de precios con una propuesta que definía la posibilidad de delimitar “Áreas de Mercado Tensionado” donde las administraciones pudieran limitar los precios. Planteamos también medidas en otros ámbitos como el fin de los privilegios fiscales de las SOCIMIS o garantizar la función social de las viviendas en manos de la SAREB mediante convenios con las administraciones locales y autonómicas.
Dicha propuesta fue presentada al Ministerio de Fomento y también visitamos el Congreso para reunirnos con varios grupos parlamentarios (Partido Socialista, Unidos Podemos, Compromís, Ciudadanos o Partido Nacionalista Vasco) y realizar una comparecencia de prensa. La respuesta del Gobierno de Rajoy fue ignorar la propuesta; Unidos Podemos y Compromís se comprometieron a impulsar la propuesta y el PSOE, aún con reservas en algunos aspectos, entendió perfectamente la necesidad de actuar en el alquiler, comprometiéndose a estudiarlo si cuajaba la iniciativa. Además del Gobierno del Partido Popular, Ciudadanos también nos adelantó su posición contraria a cualquier limitación a los precios del mercado.
Desde ese momento la colaboración ya existente con el grupo parlamentario de Unidos Podemos se intensificó, mientras se abría el horizonte de un nuevo gobierno encabezado por Pedro Sánchez. Llegaba el momento y la posibilidad de reclamar la puesta en marcha de la propuesta. Como es conocido el acuerdo presupuestario entre Unidos Podemos y el Gobierno del PSOE, incluyó la reforma de LAU en la línea explicada anteriormente y otras medidas como la recuperación de la promoción de vivienda pública. Hasta el momento el Gobierno ha cumplido una parte del acuerdo con una de las medidas más esperadas para el alquiler: el aumento de los contratos a cinco años (siete en el caso de personas jurídicas). Pero el Real Decreto de Medidas urgentes en el alquiler ya en vigor, aunque sin validar en el Parlamento,no ha recogido muchas de las las medidas contenidas en el acuerdo relativas al alquiler. Cómo vincular la subida anual de precios al IPC y, la más importante, la aprobación de mecanismos de regulación pública de los precios de los alquileres. En estas fechas estamos redoblando los esfuerzos para convencer al actual Gobierno y a la sociedad en general de la necesidad de impulsar de forma inmediata el conjunto de medidas contenidas en el acuerdo. Es en ese marco que en diciembre de 2018 pudimos reunirnos con el nuevo Ministerio de Fomento para trasladarle la urgencia de las medidas.
Aumento del parque municipal de vivienda
Antes de las elecciones autonómicas de 2015, Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida, Chunta Aragonesista y otras organizaciones políticas suscribieron el compromiso “2015, Aragón sin desahucios” lanzado por las plataformas aragonesas -PAH/Stop Desahucios- . En el mismo se reflejaban distintas medidas concretas, entre ellas el urgente aumento del parque de alquiler social aragonés a 5.000 viviendas para dar respuesta a la emergencia habitacional.
Cuando redactamos el programa de Zaragoza en Común tuvimos muy presente ese compromiso a nivel aragonés, conscientes de que Zaragoza es el epicentro de los fenómenos sociales provocados por la crisis y entre ellos la emergencia habitacional. Pensamos que sí existía un compromiso político en Aragón para situar el parque de vivienda pública en 5.000 unidades si gobernaban los firmantes del mismo, como así fue, era razonable que desde Zaragoza en Común, si conseguía la Alcaldía de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza se comprometiera a poner de su parte.
Las propias necesidades de acceso (expresadas en bolsas de adjudicación con miles de familias) y sobre todo los terribles datos de desalojos forzosos de familias de vivienda habitual aconsejaban asumir que esas 5.000 viviendas de alquiler social debían de impulsarse en la propia Zaragoza, sumando las esperadas sinergias de la Comunidad Autónoma -en virtud del compromiso mencionado-. Desgraciadamente, el Gobierno de España ni estaba, ni se le esperaba, al contrario torpedearía cualquier cambio significativo a nivel normativo.
Para lograrlo el programa establecía numerosos vectores de actuación. Unos en las propias manos del Ayuntamiento para su puesta en marcha y otros que deberían desarrollarse necesariamente en colaboración con las administraciones con competencias efectivas en materia de vivienda.
La expropiación de uso, una de las claves
Una clave para el aumento del parque de vivienda a corto plazo, era la necesidad de la aprobación de un decreto aragonés que entre otras medidas incluyera mecanismos para establecer la expropiación de uso de las viviendas vacías en manos del sector financiero para incluirlas en el parque de alquiler social. Así se expresaba en el compromiso “2015, Aragón sin desahucios”, y así lo expusimos en nuestro programa como una reclamación de la ciudad a las administración competente.
El ansiado Decreto-Ley del Gobierno de Aragón llegó el 15 de diciembre de 2015, con la denominación “de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda”, y entre otros aspectos como el derecho a la alternativa habitacional de los aragoneses y las aragonesas frente a los desahucios, se incluyó la expropiación de uso bajo una nueva figura que podríamos denominar “cesión obligatoria”. Desgraciadamente algunas apartados fundamentales del Decreto fueron recurridos al Tribunal Constitucional por el Gobierno de Rajoy y quedaron en suspensión. Entre ellos el artículo 12 que afectaba a esta cuestión.
Aragón y Zaragoza perdían así una de las grandes oportunidades de aumentar el parque de alquiler social en el corto plazo, ya que aunque en el programa contemplamos la necesidad de construir varios cientos de nuevas viviendas municipales, el ritmo de la promoción de vivienda implica un mínimo de cuatro años entre redacción o actualización de proyectos, trámites administrativos y ejecución de obras. Un ritmo que no se corresponde con las necesidades sociales más perentorias.
“Alegra tu vivienda” capta 432 viviendas vacías
Cuando elaboramos el programa y durante los actos de campaña, insistimos en la necesidad de aumentar el parque de alquiler social mediante la movilización de la vivienda vacía como principal opción. No sólo por ser el método más inmediato, como hemos referido. Lo hacíamos convencidos de que en nuestras ciudades existen miles de viviendas que no cumplen su función social y que actuar sobre ese parque de vivienda vacía era una prioridad frente a nuevos desarrollos urbanos.
Respecto a las viviendas vacías en manos del sector financiero ya hemos descrito los mecanismos propuestos y su recorrido fallido. También es necesario recordar que una de los primeros encuentros del alcalde Pedro Santisteve fue una reunión con las principales entidades financieras para plantear la necesidad (y la justicia) de la corresponsabilidad del sector financiero en esta cuestión y la posibilidad de establecer convenios de cesión de viviendas. Ninguna entidad financiera se prestó, más allá de las cesiones en el anterior mandato de un número modesto de viviendas, pero que cumplen una importante función, por parte de Caja Rural de Teruel y Bantierra.
Así nos pusimos a trabajar en otro de los vectores del programa de Zaragoza en Común: la captación y movilización de vivienda vacía en manos de particulares para su inclusión en el parque de alquiler social. Durante meses se trabajó en el diseño del programa que finalmente seríaconocido como “Alegra tu vivienda”. El objeto de actuación del programa se centró en un target de unas 13.000 viviendas situadas en los barrios obreros y populares de Zaragoza. De este número se pretendía captar un 10% en los siguientes años, que sería alrededor de 1.300 viviendas. El programa se diseñó para poder soportar la captación de 300 viviendas por año.
Para hacerlo posible se crearon diferentes incentivos como la bonificación del IBI, financiación sin intereses para adecuación de las viviendas (6.000 euros), pago de la cuota de la comunidad de propietarios, ofrecimiento de un seguro multirriesgo, además de garantizar el pago de la renta por parte de Zaragoza Vivienda de forma directa. Todo ello con una gestión directa del inmueble suponiendo una gran comodidad para los vecinos y las vecinas que han decidido ceder sus viviendas. La renta que percibe el propietario se sitúa en la actualidad en un máximo de 4,75 euros/m2, lo que unido a las ventajas anteriores ha permitido una buena penetración del programa.
Otra de las señas de identidad del programa es que no es una “bolsa de intermediación” o una “agencia pública de alquiler”. Las viviendas captadas son gestionadas directamente por Zaragoza Vivienda e incorporadas al parque municipal de alquiler social. Así, las familias residentes cuentan con las mismos derechos y obligaciones, así como rentas, que las viviendas patrimoniales de Zaragoza Vivienda.
“Alegra tu vivienda” ha captado 432 viviendas -cuando al programa le faltan aún cuatro meses para cumplir sus tres años de funcionamiento-. Aunque el ritmo ha sido inferior a las posibilidades del programa, los resultados han sido enormemente positivos convirtiéndolo en la herramienta más eficaz a corto plazo para aumentar el parque de alquiler social. De hecho desde la puesta en marcha del programa, como hemos analizado, el mercado del alquiler ha experimentado un proceso especulativo que no ha puesto las cosas sencillas y que ha demostrado la solidez de la propuesta incluso en marcos de incrementos de precios y reducción de la oferta disponible.
Una de las características del programa ha sido su flexibilidad, contemplando su revisión anual para mantener o aumentar su atractivo. En el 2017, se incrementó ligeramente la renta ofertada (de 4,25 a 4,75 euros/m2) y en el 2018 se ha ligado a una nueva línea de convocatorias de subvenciones de rehabilitación -que debería de empezar a aplicarse en 2019-, además de abrir el acceso al programa de personas jurídicas (empresas, sector financiero, inmobiliario…). Si realizáramos una extrapolación hasta el final del mandato (mayo de 2019) el programa alcanzaría casi las 500 viviendas captadas (492 exactamente, si aplicamos como medida las 13 viviendas cap tadas cada mes desde su puesta en marcha). Si el próximo mandato el programa continúa en marcha y siguiera el ritmo actual podría aportar otras 624 viviendas y dejar el acumulado por encima de las 1.000 viviendas captadas en 2023. Creemos que es una responsabilidad de las próximas corporaciones mantener el éxito de esta iniciativa, así como mejorarla de forma continuada.
Queremos reconocer el apoyo recibido por parte del Gobierno de Aragón para la puesta en marcha de este programa, que se ha traducido en un convenio para colaborar con Zaragoza Vivienda en la necesaria promoción del programa. La difusión pública del programa se ha mostrado como indispensable para el éxito de Alegra tu vivienda, y hemos realizado acciones de todo tipo, desde campañas tradicionales en prensa, televisión o radio hasta la presencia en las fiestas populares de los barrios.
Presentación del programa (mayo 2016) en la que participaron José Luis Soro, Luisa Broto, Mayte Andreu y Pablo Hijar.
La promoción de vivienda pública
A pesar de la ausencia de apoyo económico de los planes de vivienda para la promoción de viviendas públicas dirigidas al alquiler, creíamos necesario que Zaragoza Vivienda diseñara un plan de inversión para el desarrollo de los suelos propiedad de la sociedad municipal. Los mismos permitían la construcción de varios cientos de viviendas en la ciudad consolidada, en algunos casos en zonas que necesitan de una importante regeneración urbana. Para ello, el Gobierno incluyó partidas presupuestarias suficientes en 2016, 2017, 2018 y en el proyecto de Presupuesto Municipal de 2019.
En octubre de 2017 presentamos por primera vez el Plan de Inversiones de Zaragoza Vivienda. Que comprendía la promoción de 309 viviendas de alquiler social, incluyendo en aquel momento los importantes proyectos de alojamientos con servicios compartidos en Las Fuentes (80 alojamientos) y los resultantes de la rehabilitación del cuartel de Pontoneros en el Casco Histórico (61 alojamientos). El resto de promociones incluidas en este plan inicial estaban repartidas por la ciudad. Un total de 53 en Valdefierro en las calles Aries, Centauro, Júpiter, Saturno y Osa Menor; 17 en el Camino de Torrecillas, en el Arrabal; 77 en Miguel Servet (Giesa), en Las Fuentes; 15 en la calle Las Armas y otras 6 en la calle Contamina, ambas en el Casco Histórico. El Plan permitía una rápida ejecución en términos relativos, ya que todas las promociones previstas contaban con proyectos redactados.
Si bien el Gobierno de Zaragoza consiguió el apoyo del grupo municipal de Chunta Aragonesista para la aprobación de este plan, incorporando otras medidas, algunas de ellas ya en ejecución, sin embargo el grupo del PSOE rechazó poder ponerlo en marcha, y como veremos, también impidió la aprobación de la rehabilitación de Pontoneros. Únicamente permitió la puesta en marcha de los alojamientos en Las Fuentes y lo hizo después de bloquear el proyecto en una primera ocasión y azuzado por la presión vecinal. Aún así continuamos tendiendo manos al grupo municipal del PSOE para sacar adelante los proyectos. Las negociaciones se extendieron hasta comienzos de 2018 cuando el Gobierno puso encima de la mesa un “Acuerdo Marco” de la izquierda para la política de vivienda de los próximos años recogiendo propuestas de CHA y PSOE (incluyendo importantes modificaciones en Pontoneros que supusieron un importante esfuerzo). Pero de nuevo el Plan de Inversiones y Pontoneros fueron rechazados por el Grupo Municipal del PSOE.
Alojamientos con servicios compartidos
Tanto el proyecto de Las Fuentes, como el de rehabilitación de Pontoneros, merecen especial atención. Por primera vez en Zaragoza se han diseñado proyectos de pequeños alojamientos con servicios compartidos. Una nueva forma de vivir en comunidad, pensada en este caso para población mayor, joven o familias monoparentales. (Monoparentales procede del latín parens/parentis que se refiere a todos los parientes, padre, madre, abuelos…) y monomarentales.
El proyecto de Las Fuentes, situado en la unión de las calles María de Aragón y Fray Luis Urbano, es una reivindicación histórica del barrio con una orientación inicialmente al colectivo de personas mayores. El edificio de cinco plantas -ya en construcción y prevista su finalización a partir del verano de este año- tendrá la planta baja completamente destinada a servicios comunes como lavandería, comedor, zonas de estar, formación o rehabilitación. La puesta en marcha del proyecto, así como el día que se inauguraron las obras enterrando una caja del tiempo elaborada por el vecindario y los centros de tiempo libre del barrio, nos ha reportado una de las mayores satisfacciones del mandato. Hemos de reconocer aquí la labor de la Asociación de Vecinos de Las Fuentes en mantener y empujar durante estas últimas décadas lo que dentro de poco será ya una realidad. Sin ellos no hubiera sido posible el ambiente social en el barrio que nos permitió revertir la privatización del proyecto (aprobada antes del actual mandato), y así garantizar su desarrollo poniéndolo en marcha de forma inmediata -esta vez sí- desde lo público y para su gestión pública.
La rehabilitación del edificio de viviendas del antiguo cuartel de Pontoneros es un “debe” en la política urbanística y de protección del patrimonio en Zaragoza. Un edificio con muchas posibilidades, situado en un lugar estratégico y en una zona en la que contribuiría positivamente a la regeneración urbana de las áreas más deprimidas de nuestra ciudad. Además, el mal estado del edificio, los gastos que ocasionan las intervenciones de urgencia y un posible colapso del mismo aconsejaban realizar esta iniciativa con inmediatez como hemos explicado en diversas ocasiones. El proyecto social de la rehabilitación, en este caso orientado a población más joven (aunque como en el caso anterior no en exclusiva), permitiría la obtención de 61 alojamientos y unas zonas comunes con un montón de posibilidades. El proyecto comunitario de Pontoneros plantea la autogestión o cogestión de los espacios comunes ( lavandería, bar/comedor, sala de informática, aulas de formación…)
Desgraciadamente la rehabilitación de Pontoneros no obtuvo el apoyo del PSOE -tampoco de Cs y PP- en el Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda y pese a tener todo listo, ser un proyecto solvente y contar con un plan de viabilidad no pudimos ponerlo en marcha. Pese a todo el esfuerzo realizado a nivel político y técnico para intentar un acuerdo, de momento continúa esperando el desbloqueo político. Aunque el proyecto se retiró del Plan de Inversiones -para facilitar la aprobación de éste-, el Gobierno de la ciudad nunca ha renunciado a su puesta en marcha. Y puede que exista esperanza gracias a la movilización vecinal. En estos últimos meses vecinos y vecinas de San Pablo han querido relanzar el proyecto, y se ha establecido un proceso de participación en el barrio a través de la Junta Municipal de Casco Histórico que -entre otras muchas cuestiones- pretende abordar y mandar la puesta en marcha de la rehabilitación del histórico edificio. Además, la mayoría del Pleno del Ayuntamiento se comprometió a respetar los resultados de dichos procesos en el Debate sobre el estado de la ciudad, gracias a una resolución de CHA transaccionada por Cs que precisamente abordaba la necesidad de este proceso.
Visita vecinal a Pontoneros para conocer el estado del inmueble y el proyecto de rehabilitación.
El Plan de Inversiones de Zaragoza Vivienda 2018-2023
En 2018 se nos abre la posibilidad de captar financiación en unas condiciones inmejorables, a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), para la puesta en marcha de inversiones en vivienda. Teníamos proyectos y los objetos de financiación encajaban a la perfección con la necesidad acuciante de la ciudad de aumentar el parque de alquiler social y mejorar la eficiencia energética de las viviendas. Además, las acciones ya planificadas, que contaban con consignaciones presupuestarias y proyectos redactados, aún hacía más atractivo y necesario la concurrencia a la captación de la financiación del BEI. Que permitía abordar otra cuestión acuciante: la rehabilitación energética del parque municipal de viviendas más envejecido.
Durante estos años hemos podido tomar conciencia de los problemas relacionados con el envejecimiento de las promociones municipales construidas a finales de los 80 y comienzos de los 90. Si bien con carácter general y estructural los edificios están en perfectas condiciones, el paso del tiempo se ha manifestado en los cerramientos y aislamientos creando una mala eficiencia energética. En consecuencia esto provoca un empeoramiento de las condiciones de vida y de salud de las familias residentes en las viviendas municipales. Asimismo, la falta de eficiencia energética no hace más que profundizar la pobreza energética y mermar los ingresos familiares.
Aunque es cierto que hemos actuado en varias decenas de viviendas municipales de los grupos de la zona de Margarita Xirgú, a través del “Plan de choque contra la pobreza energética” puesto en marcha por el Área de Derechos Sociales cambiando cerramientos (con importantes resultados de mejora del confort), la necesidad de estas promociones es una rehabilitación integral. Y esto encajaba como anillo al dedo en los objetivos marcados por el BEI para obtener la financiación.
Así nos pusimos a trabajar en un Plan que incluyera los proyectos de promoción de nueva vivienda de alquiler social, así como una importante operación de rehabilitación del parque municipal de vivienda. En el diseño del Plan de Inversiones de Zaragoza Vivienda se prescindió de Pontoneros, para facilitar el apoyo del grupo municipal del PSOE (que lo ha rechazado tres veces en el Consejo de Administración) y se incluyeron otros proyectos.
Asamblea vecinal en los locales de la AVV Actur Puente Santiago para explicar y debatir sobre el Plan de Inversiones.
Las dimensiones
El plan, si finalmente se aprueba la captación del crédito del BEI por parte del Pleno, supondrá una inversión total ligeramente superior a los 72 millones de euros. De los cuales 45 irán destinados a 14 promociones que sumarán 308 viviendas, 18 locales, 324 plazas de aparcamiento y 222 trasteros. Las promociones estarán situadas en Arrabal, Azucarera, Valdefierro, Las Fuentes y Casco Histórico. Serán proyectos de pequeña o mediana escala, que en algunos casos supondrán un importante efecto de regeneración urbana.
Por otro lado, un total de 27 millones de euros se invertirán en la rehabilitación energética de 842 viviendas de alquiler social. en términos ecoeficientes. Son promociones construidas ahora hace casi 30 años, que están dando muestras de desgaste importante en cuestión de eficiencia energética. La actuación en las más de 800 viviendas está repartida en ocho grupos o promociones en los distritos de Actur-Rey Fernando, Casco Histórico, Oliver-Valdefierro y Miralbueno.
Es importante señalar que el Plan ya es una realidad al incluir dos proyectos ya en marcha que son la promoción de los alojamientos con servicios comunes en Las Fuentes y la rehabilitación energética de 53 viviendas en la calle Maestro Tellería del barrio Oliver.
Del coste total de la inversión necesaria, la mitad obtendrán la financiación del BEI que ha denominado el plan como “Zaragoza energy efficient social housing” y en su último Comité de Dirección aprobó la operación trasladando su oferta a Zaragoza Vivienda. Además marca un máximo de financiación -50% de la inversión total- hasta los 40 millones de euros, que permitiría una inversión total de hasta 80 millones. Finalmente el plan supondrá una inversión global de 72 millones y por tanto la financiación solicitada serán 36 millones de euros.
Es necesario señalar que el Ayuntamiento de Zaragoza ha consignado durante estos últimos años -2016, 2017 y 2018- 6,5 millones de euros destinados a proyectos que forman parte del Plan de Inversiones; así como obtenido financiación participada por Fiare Banca Ética y cajas rurales por valor de 5,3 millones (operación financiera para la puesta en marcha de los alojamientos con servicios comunes en Las Fuentes). A lo que hay que sumar 800.000 euros de subvención del programa europeo de innovación en la eficiencia energética “Buildheat” para la rehabilitación de 53 viviendas en Oliver y una aportación de Zaragoza Vivienda de 1,3 millones de recursos propios. En total 13,9 millones de euros de la financiación del Plan de Inversiones ya se encuentran resueltos, reduciendo considerablemente las aportaciones municipales que serán necesarias realizar en los próximos años.
En total quedarán 22 millones de euros por consignar a través de los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza en el periodo de 2019 a 2023. Una cantidad y plazos asequibles para el presupuesto municipal dedicado a vivienda (16 millones en el borrador presentado por el Gobierno para 2019), y para la capacidad financiera del Ayuntamiento gracias al trabajo del Área de Economía -que ha logrado sacar a la ciudad del Plan de Ajuste al que estaba sometida-.
Por otro lado, es necesario advertir que aún quedan fondos por captar que reducirán la aportación municipal. Zaragoza Vivienda concurrirá a la convocatoria del programa europeo “Elena” que puede permitir -en este caso mediante subvención a fondo perdido- el ahorro de parte de los costes proyectuales. Además debemos de señalar la buena disposición encontrada en el Gobierno de Aragón y su equipo de vivienda, para la llegada de financiación de los Planes Estatal y Autonómico de Vivienda -que dispone de una línea específica para la promoción de vivienda pública para el alquiler-.
El Alcalde participa activamente en las presentaciones del Plan de Inversiones.
Rentabilidad social y medioambiental
En total 1.150 familias se verán beneficiadas directamente por el Plan de Inversiones. Ya sea por el acceso a una vivienda social o por disfrutar de la mejora de confort que comportará la rehabilitación. Además, los técnicos de Zaragoza Vivienda estiman -en un cálculo contenido- que supondrá la creación de 1.300 empleos durante los años de ejecución.
Una de las señas de identidad del Plan de Inversiones es la construcción y rehabilitación ecoeficiente, en la línea marcada por la Directiva europea 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios, modificada por la Directiva 2018/844, que obliga a las administraciones públicas a un consumo de energía casi nulo en sus edificios en la línea de cumplir los objetivos de reducción de emisiones comprometidos por España y la Unión Europea. Una línea de actuación que encaja también en la lucha contra la pobreza energética y los planes de la UE, que pretende provocar la inversión de más de 10.000 millones de euros (de fondos públicos y privados) para proyectos de eficiencia energética -que entre otros fines tiene sacar de la pobreza energética a más de tres millones de europeos y europeas-. Y totalmente necesaria en España, que sufre un retraso -que podemos tasar ya de histórico- en las políticas de rehabilitación energética.
El manifiesto presentado por 33 entidades de Zaragoza recientemente apoyando el Plan de Inversiones en vivienda, del que luego se dará cuenta, nos recuerda: “Para alcanzar esos objetivos, los diferentes países miembros están poniendo en marcha políticas de rehabilitación, consiguiendo a través de las mismas diferentes tasas anuales de rehabilitación energética del parque (entiéndase como velocidad de rehabilitación), que están siendo medidas por Europa. España tiene una de las tasas más bajas, con un 0,08% en 2014. Los países con tasas más altas rondan el 2%.”
La rehabilitación de las 842 viviendas, supone una actuación en casi el 50% del parque patrimonial -destinado al alquiler social- de Zaragoza Vivienda, en estos momentos superior a las 1.700 viviendas. Una cifra que sirve para entender la envergadura de la operación y su importante significado. El ahorro estimado de emisiones provocado por la rehabilitación supondría 1.365.768 Kg CO2/año, una cifra nada despreciable que equivaldría al CO2 que absorberían unos 140.000 árboles(*2). Las administraciones públicas deberían de ser ejemplares en las políticas de eficiencia energética, así como deberían abrir camino en la sociedad para adoptar técnicas constructivas que permitan disminuir consumos y emisiones. Este plan coloca a Zaragoza en esa dirección. Esta característica del Plan se funde de forma trasversal con las innumerables actuaciones en este sentido encabezadas por el Área de Urbanismo y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza.
La Oficina Municipal de Vivienda
Como señalábamos al comienzo, otro de los grandes apartados de nuestro programa de vivienda era la atención integral de la emergencia habitacional. En ocasiones ha calado la propaganda (en algunos casos espoleada desde instituciones públicas) que pretende dar la sensación de que los peores efectos de la crisis han pasado gracias a la tenue recuperación de los datos de crecimiento de la economía y de la creación de empleo. Pero las evidencias muestran que esta recuperación no está suponiendo una recuperación de los niveles de vida generales anteriores al estallido de la recesión, y tampoco está significando la atenuación del crecimiento de las desigualdades sociales. Tanto las entidades sociales como la propia Concejalía en repetidas ocasiones hemos insistido en la cronificación de la pobreza y de los peores efectos de la misma como son los desahucios. Cuando nuestra provincia marca cifras de récord en los desalojos forzosos por impago de rentas de alquiler, cuando los ingresos familiares no crecen al mismo ritmo que los precios de los arriendos o cuando miles de familias bordean -o están- en la exclusión residencial resulta chirriante hablar de recuperación. Lo que ha quedado constatado es que el mercado es incapaz de ofrecer una salida digna y legal para un número de familias que ha sido creciente, aún después de 10 años desde el estallido de la estafa hipotecaria y la crisis. Las expresiones de este proceso son la precariedad de muchos inquilinos; las familias que residen en viviendas ocupadas del sector financiero, hacinadas o compartiendo habitaciones.
Y así se constata en el trabajo y los datos disponibles de la Oficina Municipal de Vivienda creada en julio de 2015 para ejecutar tres programas: el ya existente para la atención de casos de mediación hipotecaria, el nuevo programa de mediación en el alquiler, y el Punto de Asesoramiento Energético. La OMV, en colaboración con el resto de áreas de Zaragoza Vivienda, tiene por objetivo la mediación y la acción pública para evitar desalojos forzosos de vivienda habitual, así como prevenir la pobreza energética y mejorar la eficiencia en este terreno de las viviendas.
El “punto de entrada” a Zaragoza Vivienda es la Unidad de información y atención al ciudadano (UIAC) que gestionó 2.351 consultas o asesoramientos relacionadas con la mediación alquiler hasta noviembre de 2018, derivando en caso necesario a los vecinos y las vecinas hacia la OMV. Mención especial para entender la importancia de este dispositivo de atención a la ciudadanía (aunque no le dediquemos un apartado) son las más de 22.112 atenciones realizadas en 2019.
Pero volvamos a la OMV. Sin duda la incorporación del programa de mediación en el alquiler y la creación de la propia oficina supuso una multiplicación de las mediaciones realizadas por Zaragoza Vivienda. Como ya preveíamos -desde nuestra experiencia en las plataformas- la pérdida de vivienda habitual por impago de rentas de alquiler y aplicación de la LAU era la principal causa de desahucio, una situación hasta entonces desprotegida de los servicios de mediación. Para hacernos una idea del impacto del programa: de finales de julio de 2015 a noviembre de 2018 -tres años y medio aproximadamente de existencia- acumula 845 expedientes de mediación. El programa de mediación hipotecaria suma desde su puesta en marcha en 2012: 763 mediaciones.
El nuevo programa ha necesitado de mayores esfuerzos de los profesionales de la OMV y también ha supuesto un uso más intenso de la alternativa habitacional (con una mayor dotación de recursos). Los procedimientos en los desahucios de alquiler, y otras situaciones como la ocupación sin título o contrato, tienen unos ritmos más intensos que las ejecuciones hipotecarias. Y además no dispone de mecanismos de protección equivalentes -por insuficientes que sean- a los existentes en los desalojos por ejecución hipotecaria y las tasas de mediación positiva son inferiores por este y otros motivos.
Por su parte, el Punto de Asesoramiento Energético, creado como una consultoría pública para mejorar la eficiencia energética de las viviendas, ha acumulado cientos de consultas y asesoramientos. Con un peso mayor conforme ha avanzado el mandato en la prevención de la pobreza energética. En total el Punto realizó 429 acciones de consulta o asesoramiento; 160 tramitaciones del Bono Social -de carácter estatal-; 34 bajadas de potencia y 41 adecuaciones de tarifa; así como 38 asesoramientos en eficiencia energética.
A mediados del año pasado el Gobierno de Zaragoza aprobó un nuevo programa de mediación y acción pública para el fenómeno de la ocupación de viviendas vacías del sector financiero o inmobiliario. El programa ampliamente trabajado y debatido con el tejido social de la vivienda se encuentra en la fase de elaboración de protocolos de actuación de los servicios municipales, con especial atención a la colaboración entre los Servicios Sociales Comunitarios y Zaragoza Vivienda.
Nos tenemos que felicitar colectivamente del ingente trabajo de la OMV, que ha tenido la difícil tarea de cumplir el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza de evitar los desahucios y garantizar la alternativa habitacional en la ciudad. Y hacerlo en un marco legal, que precisamente no está articulado para garantizar derechos y en el que las nuevas normas aragonesas -aunque vigentes- no se están aplicando en la práctica. El Decreto-Ley antes referenciado “de medidas urgentes de emergencia social” o la Ley 10/16 “de emergencia” protegen sin ambages a las familias frente a la pérdida de vivienda habitual, y garantizan la alternativa habitacional en el territorio aragonés. Sin duda ambas normas siguieron la dirección correcta marcada por el compromiso “2015, Aragón sin desahucios” y fueron aplaudidas por el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero desgraciadamente no se han aplicado, y en la práctica el sistema de protección frente a los desahucios ha continuado anclada en el insuficiente Convenio entre Gobierno de Aragón, CGPJ y la FAMCP, puesto en marcha en 2013 por el Gobierno de Rudi que fue ampliamente criticado por sus limitaciones y que el Ayuntamiento de Zaragoza rechaza por ser una herramienta incapaz y sin rango normativo al no ser una ley.
Por ello, el trabajo de la OMV ha resultado tan positivo como necesario, además de complejo. También hemos de reconocer la importante colaboración económica del Gobierno de Aragón con este dispositivo, y la confianza en Zaragoza Vivienda para ofrecer los imprescindibles procesos de mediación. Más allá de nuestras discrepancias en el terreno de la atención integral a la emergencia habitacional en Aragón -antes relatadas-; el contacto entre ambas administraciones ha sido fluido, estableciéndose distintas líneas de colaboración que superan con creces a las que conocíamos en el anterior periodo político.
En este terreno también debemos de reconocer el papel de las plataformas y entidades sociales, que no en pocas ocasiones han sido imprescindibles en la búsqueda de soluciones o en la paralización de desalojos. También debemos de constatar que sin su empuje sería difícil de entender los avances producidos desde 2015 a nivel normativo, como imprescindibles serán para lograr su aplicación.
Presentación de balance anual de la Oficina Municipal de Vivienda en 2017
Incorporadas 689 nuevas viviendas de alquiler social municipal
Aunque pueda estar de más, creemos necesario recordar que una vivienda de alquiler social es aquella que conjuga un alquiler adecuado a los ingresos familiares junto a seguimiento social. Las viviendas de alquiler social gestionadas por Zaragoza Vivienda tienen una renta que no podrá superar nunca el 30% de los ingresos familiares con un tope de 3,75 euros el metro cuadrado (unos 260 euros para un piso de 70 m2). Para familias con ingresos inferiores a 1,2 veces el IPREM el límite de renta se rebaja al 20% de los ingresos de la unidad familiar. Zaragoza Vivienda dispone además de un área especializada en la gestión social de la vivienda que incluye el seguimiento social y apoyo a las familias residentes y el trabajo comunitario. En ocasiones se tiende a confundir la vivienda pública (o de entidades) de alquiler social con la vivienda protegida en general -sea de venta o alquiler-. También con otras tipologías de alquiler con intermediación pública que no suponen adecuación de rentas, ni seguimiento social.
Durante el actual mandato el parque de vivienda de alquiler social ha experimentado un fuerte incremento. En mayo de 2015, Zaragoza Vivienda disponía de 1.535 viviendas de alquiler social del total del parque de viviendas que gestionaba. El resto eran VPO de alquiler propiedad de una sociedad mixta con Ibercaja -de la que luego hablaremos-,viviendas con opción a compra o del extinto programa Zaragoza Alquila. En enero de 2019 se alcanzan las 2.224 viviendas de alquiler social, lo que supone un crecimiento de 689 viviendas, cuando aún quedan más de cuatro meses de mandato. Un crecimiento superior al 40%.
Después de casi dos décadas de parálisis de la promoción de vivienda pública -o de la creación de instrumentos alternativos-, el actual mandato ha impuesto un ritmo que si se mantuviera de forma sostenida colocaría a Zaragoza en disposición de tener un importante parque municipal de vivienda en relativamente poco tiempo. De hecho para encontrar impulsos de la vivienda de alquiler social como el alcanzado en este mandato deberíamos de viajar a finales de los años 80 y principios de los 90 cuando el Ayuntamiento de Zaragoza -con gobiernos del PSOE- ejecutó la construcción de cientos de viviendas de alquiler municipal que hoy suponen un valioso patrimonio. Si durante el periodo democrático se hubiera mantenido un ritmo constante de aumento del parque, en consonancia con ambos periodos (el actual y el referido), Zaragoza podría disponer en estos momentos de unas 6.500 viviendas de alquiler social. Es necesario insistir en la necesidad del mantenimiento sostenido de estas políticas en un país y unas ciudades que como hemos relatado sufren un atraso histórico respecto a los países de su entorno.
Más de 700 adjudicaciones de vivienda de alquiler social
Especialmente llamativo es el crecimiento de las adjudicaciones de vivienda social que ha permitido el aumento del parque. Desde la investidura hasta finalizar 2018: 718 familias de la ciudad han accedido a una vivienda con una renta adecuada a sus ingresos. Lo que supone que durante este periodo se han realizado más adjudicaciones que en los tres mandatos anteriores (del año 2003 al 2015), en los que se adjudicaron 573 viviendas de alquiler social. Las proyecciones siguiendo el ritmo actual de 17 viviendas adjudicadas al mes, colocaría la cifra total de adjudicaciones al cumplir el mandato entre las 750 y las 800.
Un 61,04% de las familias han tenido un acceso por bolsa; un 18,39% tienen relación con los programas de la Oficina Municipal de Vivienda; un 10,54% han sido adjudicadas a través de la Red de bolsas del Gobierno de Aragón; un 4,35% han sido adjudicadas por el convenio entre Gobierno de Aragón, FAMCP y el CGPJ; y un 5,69% responde a distintos programas municipales. La suma total de las adjudicaciones que podríamos considerar por emergencia habitacional han supuesto un 33%.
Balance positivo de las políticas municipales dirigidas al aumento del parque de alquiler social
Positivo, así tenía que ser el balance necesariamente para que Zaragoza camine hacia las 5.000 viviendas de alquiler social en los próximos mandatos. Las cifras de crecimiento del número de este tipo de viviendas hasta sumar más de 2.300 hasta el día de hoy, y en buena lógica el aumento de las adjudicaciones, suponen como ya hemos apuntado un impulso histórico en términos absolutos y relativos.
Si además tenemos en cuenta todos los planes y operaciones con ejecución prevista para el periodo 2018-2023, que sumaría las 308 viviendas del Plan de Inversiones de Zaragoza Vivienda y entorno a las 100 viviendas sociales incluidas en distintas operaciones del Área de Urbanismo (Imprenta Blasco, Vadorrey, Depósitos del Pignatelli…). Y añadimos las proyecciones del programa Alegra tu vivienda para los próximos 4 años (superior a las 600 viviendas). El escenario esta listo para que Zaragoza incorpore 1.000 viviendas más en 2023, dejando el parque de alquiler social por encima de las 3.000 unidades sin dificultades lo que supondría en la práctica doblar el parque municipal de alquiler social en un periodo de 8 años.
Debemos admitir que ha sido un camino que hemos transitado con demasiada soledad. Ya hemos hablado de las oportunidades perdidas por la falta de voluntad política para implementar -o permitir- fórmulas que pongan a disposición de las administraciones las viviendas que el sector financiero ha obtenido de la ejecución de vivienda habitual. Así como la falta de voluntad del sector financiero para hacerlo de forma voluntaria mediante convenios, obviando su responsabilidad en el estallido de la estafa hipotecaria y en el aumento insostenible de la deuda pública por el rescate financiero. También hemos comentado la falta de proyectos de promoción en nuestra ciudad impulsados por los planes de vivienda estatal o autonómico. En está situación las políticas publicas de vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza se revelaban casi como único vector que permitiría aumentar el parque de alquiler social en este periodo, y además necesitábamos dispositivos y acciones que nos permitieran poner en circulación más vivienda social desde el primer día.
No toda la política de vivienda es “poner ladrillos”
Ya hemos explicado las principales acciones para aumentar el parque de alquiler social: proyectos de promoción de nuevas viviendas y captación de vivienda vacía a través de “Alegra tu vivienda”. También hemos incidido en que los ritmos de promoción de vivienda pública exceden al ritmo de las necesidades sociales más acuciantes. De hecho los efectos de las políticas de inversión en la construcción y rehabilitación del parque público serán visibles en el próximo mandato.
En ocasiones quienes han realizado oposición a las nuevas políticas de vivienda han repetido una consigna que dice algo así como “ustedes no han puesto ni un ladrillo”; o ustedes “no han construido ninguna vivienda” en referencia a los nuevos gobiernos municipales. Sin entender, o sin querer entender, que las políticas activas de vivienda van mucho más allá de la construcción de obra nueva. Así debería de ser en una país que dispone de cientos de miles de viviendas vacías en sus ciudades que no cumplen función social alguna. Es más, sin los sistemas alternativos a la construcción puestos en marcha durante este mandato, que han permitido captar o incorporar más vivienda al parque, hubiera sido posible dar respuesta a la emergencia habitacional y conseguir hacer despegar las adjudicaciones a través de la bolsa de alquiler social municipal gestionada por Zaragoza Vivienda. En general, además de incorporar nuevas viviendas, pretendíamos dar un vuelco a la composición del parque de vivienda gestionado por Zaragoza Vivienda en favor del alquiler social.
Por otro lado, la consigna no se corresponde estrictamente con la realidad, ya que está en construcción el edificio de 80 alojamientos con servicios comunes en Las Fuentes y la rehabilitación de 53 viviendas en Maestro Tellería (Oliver). Siendo éstas las primeras acciones del Plan de Inversiones de Zaragoza Vivienda. Y es necesario recordar que también lo estaría la rehabilitación del Cuartel de Pontoneros (61 alojamientos), si precisamente estos mismos grupos no hubieran bloqueado su puesta en marcha hasta en tres ocasiones.
Un ejemplo que desmiente esa visión angosta de las políticas de vivienda, fue la incorporación de 191 viviendas VPO de alquiler situadas en Parque Goya al parque municipal de alquiler social en el primer tramo del mandato. La disolución de la sociedad mixta con Ibercaja “Desarrollos Vivir Zaragoza” implicó un obligatorio reparto de activos; y la apuesta por aumentar el parque nos permitió hacer el reparto de la forma que nos supusiera una mayor rentabilidad social. Como decíamos “no todo es poner ladrillos”. Además esta decisión ponía fin a la infrautilización del edificio, que con unas rentas elevadas en relación a los ingresos familiares mantenía hasta 2015 varias decenas de inmuebles vacíos.
Las primeras promociones mediante derechos de superficie
Durante el actual mandato están ya en marcha los tres primeros proyectos piloto bajo el modelo de cesión del derecho de superficie a cooperativas en cesión de uso para la construcción de vivienda. Un modelo novedoso en la ciudad y poco utilizado en España. Lo que se transmite a las cooperativas es el derecho de superficie sobre las parcelas durante un período de 75 años, destinado a la construcción y cesión en uso de las viviendas, susceptibles de ser calificadas como protegidas.
Las personas cooperativistas deben cumplir una serie de requisitos, entre ellos que dedique la vivienda a domicilio habitual y permanente, disponer de una renta que no supere en 4,5 veces el IPREM, no podrán transmitir el derecho de uso de la vivienda, salvo a otras personas que se conviertan en cooperativistas, pero sí podrán transmitir la titularidad del uso por herencia, hasta el total de los 75 años de la cesión.
El acceso a este nuevo tipo de viviendas, que está enfocado especialmente a los jóvenes para garantizar su derecho constitucional a un alojamiento digno, es más fácil y menos gravoso que los procedimientos tradicionales, ya que la aportación inicial que deben hacer es menor y está exenta de IVA.
El Ayuntamiento de Zaragoza también estará presente en las cooperativas, ya que el pago de los derechos de cesión del suelo se efectuará en especie, es decir, en viviendas, que se incorporarán al parque municipal de viviendas sociales que gestiona Zaragoza Vivienda. Ello supone una garantía adicional para los futuros usuarios en la gestión posterior del edificio a lo largo de su vida útil.
Al finalizar los 75 años de la cesión, tanto el suelo como la edificación revertirán al Ayuntamiento de Zaragoza, con lo que éste no pierde patrimonio ni la propiedad del suelo. Hay que tener en cuenta que la vida útil de un edificio de nueva construcción es de 70 años aproximadamente, y que el período de cesión que se ha establecido corresponde, como media, a toda una vida.
En estos momentos se encuentran en licitación las parcelas situadas en la Calle San Blas para 14 viviendas y en la calle Manuel Lacruz/Mariano Lucas para 12 viviendas por parte de Zaragoza Vivienda. Así como la parcela para 64 viviendas en Avenida Cataluña en suelos del Ayuntamiento de Zaragoza y gestionada por el Área de Urbanismo.
Con todo ello, se va a testar en nuestra ciudad un nuevo modelo de acceso a la vivienda, enfocado especialmente a las personas jóvenes, ya que constituye una alternativa tanto al alquiler como a la compra de vivienda según los modelos tradicionales, y se va a poner a prueba un nuevo modelo de gestión en el que el Ayuntamiento se implica directamente con las cooperativas que resulten adjudicatarias de estas licitaciones.
Gestión social y trabajo comunitario
La gestión social y la puesta en marcha de proyectos de trabajo comunitario es una de las señas de identidad de Zaragoza Vivienda. El parque de alquiler social municipal goza de unos grados de convivencia razonables y la sociedad municipal tiene un alto conocimiento respecto a los condicionantes socioeconómicos, así como de problemática particulares o colectivas que puedan existir. Y no es una tarea sencilla en un parque de alquiler social que supera las 2.300 viviendas. De hecho pensamos que una asignatura para el futuro cercano será reforzar el Área Social de Zaragoza Vivienda. El Área también cumple un importante papel en la propuesta de modelos de gestión social para nuevos proyectos o promociones; así como de mejora de los existentes. También en el enlace con las necesidades de colectivos específicos o entidades sociales.
Una de las apuestas del mandato ha sido consolidar proyectos como el Centro Comunitario de Oliver, gestionado por concurso público por la Fundación Adunare y que juega un papel muy importante en la red social del barrio y que en estos momentos precisamente cumple su décimo aniversario. El centro dispone de distintas líneas de trabajo siendo las más conocidas sus talleres o actividades, así como su comedor. Como ejemplo de la rentabilidad social del centro sirvan los 4.800 usuarios y usuarias; o las más de 9.000 comidas servidas en su comedor social, ambas cifras anuales. También se sostenido la actividad del centro comunitario situado en Actur (CEDIS) que permite un trato directo con las personas residentes, el tejido del barrio y que ha protagonizado recientes procesos con resultados muy positivos en el grupo de promociones de Emmeline de Pankhurst donde los vecinos y las vecinas reconocen una importante mejora en la convivencia.
Destacable está siendo el avance del trabajo comunitario en Parque Goya. El barrio dispone de tres promociones de alquiler social, una de ellas un gran edificio de 191 viviendas situado en un lugar privilegiado del barrio (plaza de la Poesía) y al que nos hemos referido en el anterior apartado. En esta promoción se puso en marcha durante el actual mandato un proceso de participación para hablar de la gestión de las zonas comunes, el mantenimiento o la convivencia. Además en estos momentos está en proceso de adecuación un futuro Centro Comunitario de 200 m2 (junto a la biblioteca del barrio) destinado al trabajo en varios vectores: social, juventud y ocio/cultura.
Visita a un edificio de vivienda municipal en Parque Goya para dialogar sobre proyectos de participación comunitaria.
Viviendas a disposición de entidades sociales y programas municipales
En colaboración con el conjunto del Área de Derechos Sociales ha sido ampliado el número de vivienda destinado a distintos programas municipales de vital importancia, tanto de gestión directa como mediante convenios con entidades.
Zaragoza Vivienda tiene actualmente a disposición de entidades sociales un total de 53 pisos repartidos por toda la ciudad y con diferentes características para desarrollar proyectos con personas con diversidad funcional, discapacidad mental, víctimas de trata, explotación sexual y violencia machista, menores extranjeros no acompañados o sin techo. Además de las entidades mencionadas, el Ayuntamiento también tiene convenios con RAIS-Housing First y la Coordinadora de Personas sin Hogar y gestiona directamente dos viviendas para el programa Zaragoza Ciudad Acogedora y diez desde el Servicio de Igualdad.
La rehabilitación
Este mandato, además de planificar el ambicioso Plan de Inversiones 2018-2023 que incluye una importante rehabilitación de vivienda municipal, ha supuesto una recuperación de las políticas de rehabilitación dirigidas a comunidades y particulares. De los 750.000 euros presupuestados en 2015, hemos pasado a los 3,6 millones de euros en la actualidad. Durante estos años se han abierto nuevas líneas y trabajado en la mejora de las existentes.
La primera línea de ayudas está dirigida a comunidades de propietarios que realicen obras en elementos comunes para mejorar la eficiencia y la accesibilidad en edificios de más de 45 años de toda la ciudad. Las actuaciones a llevar a cabo tenían que conseguir una disminución de demanda energética de, al menos, el 50%.
Como novedad, las unidades de convivencia vulnerables que formen parte de estas comunidades de propietarios, podían solicitar un complemento para cubrir hasta el 70 % del coste de la obra. Esta segunda línea iba dirigida a facilitar la viabilidad económica de actuaciones de rehabilitación de las descritas en la línea uno, beneficiando a unidades de convivencia cuyos ingresos netos totales sean iguales o inferiores a dos veces IPREM ponderado (21.484 euros).
En tercer lugar, se encuentra la línea de ayudas de emergencia a comunidades de propietarios en situación de vulnerabilidad para realizar obras en elementos comunes que resuelvan situaciones graves de conservación, pobreza energética y/o accesibilidad. Las ayudas alcanzan, en este caso, hasta el 80 % del presupuesto subvencionable.
La cuarta línea de ayudas, novedosa también, ha sido la apertura de la denominada ‘Ayudas de emergencia a unidades de convivencia vulnerables para realizar obras en elementos privativos que resuelvan situación de pobreza energética y/o falta de accesibilidad’ ha permitido que propietarios con rentas limitadas realicen obras de accesibilidad en su vivienda (cambio de bañera por plato de ducha, adaptación de la vivienda a minusvalías) o de mejoras de aislamiento y cambio de carpinterías para evitar condensaciones. Como también mejorar la eficiencia energética de la vivienda.
Un ejemplo de efecto multiplicador de las ayudas públicas a la rehabilitación son los datos de las convocatorias ejecutadas hasta ahora durante este mandato (que incluyen las de 2014, 2015, 2016 y 2017). El total de aportación municipal ha supuesto 5,7 millones de euros que han generado una inversión total de 14,4 millones de euros. La actuación en 56 edificios y 759 viviendas en total. Lo que ha supuesto la creación de 269 empleos, un importante aumento del confort y un ahorro considerable de emisiones de CO2.
Y aunque satisfechos por la recuperación de las importantes políticas de rehabilitación, hemos de señalar la necesidad de seguir incrementando el presupuesto. Aún estamos por debajo de los niveles presupuestarios (en este asunto) anteriores a la crisis. El Alcalde Pedro Santisteve en el Debate del estado de la ciudad propuso situarlos en los 10 millones de euros en 2023 con una escalada progresiva, que permitiera duplicar las dotaciones existentes hasta el año 2011 de la Ordenanza Municipal de Fomento a la Rehabilitación, ésta debería ser una de las apuestas estratégicas para la próxima corporación en materia de vivienda.
En relación con dicha Ordenanza, hemos de señalar los recortes sufridos por las políticas de rehabilitación en 2011, que incluyó la suspensión de la misma y provocó problemas para comunidades y particulares que estaban tramitando dichas ayudas. La Concejalía ha sido testigo directo en varias de las atenciones al ciudadano realizadas. Durante este mandato se han estudiado los expedientes a los que se había asignado subvención e iniciado el pago y se han retomado en el punto en que quedaron los expedientes, asumiendo los pagos pendientes tras realizar la comprobación del cumplimiento por parte de comunidades y particulares de las obras subvencionadas.
Visita para conocer los proyectos de rehabilitación privada con apoyo municipal en el barrio de Las Fuentes.
Concejalía abierta
Desde el inicio del mandato la Concejalía de Vivienda ha tenido abierta su puerta a ciudadanas y ciudadanos, bien como vecinas o como asociaciones o entidades, para escuchar sus problemas y dudas, recogiendo sus aportaciones en todo lo relacionado con la vivienda en nuestra ciudad.
De media al año son 170 las solicitudes de entrevista para exponer diferentes temas, siendo la situación de emergencia habitacional el que está en primer lugar, representando más del 90% de las solicitudes. Emergencia que se traduce fundamentalmente en situaciones de desahucio de su vivienda sin solución habitacional bien sea por impago de alquiler, por ocupación o por las nuevas situaciones en aumento en el último año de lo desahucios silenciosos por finalización de contrato de alquiler.
Hay que destacar el importante número de familias monomarentales, más del 30% de las solicitudes, con enormes dificultades para mantenerse en la vivienda que subsisten con ayuda del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) que les imposibilita el acceso a un alquiler, tanto por los precios en ascenso como por los requisitos y exigencias del mercado. Este mismo problema lo tienen familias cuyos ingresos dependen del IAI, salarios bajos o con contratos temporales.
Algo que es una constante es que las soluciones que se plantean estas familias son el hacinamiento en viviendas de familiares o la okupación de viviendas vacías de entidades financieras.
Desde las plataformas, asociaciones y entidades se han hecho propuestas para mejorar la vida de estas familias. Fruto de estas y del compromiso adquirido en el programa electoral se han puesto en marcha iniciativas dentro del marco de la Oficina Municipal de Vivienda con el objetivo de dar respuesta a las situaciones.
Un necesario agradecimiento
En el balance, aunque sea político, se ha ganado un espacio un honesto agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado en el trabajo cotidiano y en el desarrollo de las políticas de vivienda. Las políticas ejecutadas por la delegación de vivienda se han ejecutado a través de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda, como único instrumento efectivo. Así era imprescindible encontrar entendimiento y colaboración en el equipo de la sociedad municipal.
Y así ha sido. Entre la plantilla de Zaragoza Vivienda, como en el conjunto de la sociedad, las visiones son plurales. Sin embargo hemos encontrado un espacio muy amplio para la colaboración con un colectivo que cree honestamente en la necesidad de impulsar y defender las políticas públicas de vivienda de forma muy mayoritaria. Ha sido gratificante encontrar un entorno así, frente a modelos de gestión que se han alejado de la misión social de las sociedades públicas de vivienda.
Conclusiones
Volviendo la mirada a las “reglas para un balance” propuestas con anterioridad, el balance global no puede tener una visión única. Si atendemos a las acciones desarrolladas por el Ayuntamiento de Zaragoza en materia de vivienda y a los datos concretos relatados en el presente documento, nos podemos mostrar orgullosos del trabajo realizado y de su impacto. Creemos incontestable el efecto positivo de lo realizado, tanto en términos relativos como absolutos.
Pero una lectura triunfalista sería una burla a la realidad. Los problemas y las necesidades sociales en materia de vivienda (o en relación a la misma) son de tales dimensiones en las grandes ciudades que necesitan de algo más que administraciones locales comprometidas. No lo hemos olvidado en ningún momento, y creemos honestamente que nos hemos desgañitado reclamando un nuevo marco normativo general y un aumento del presupuesto en materia de vivienda. Pero hemos de admitir con modestia: no hemos sido capaces de convencer al conjunto de las administraciones y poderes públicos para emprender este camino de forma urgente.
Venimos del activismo social. Y pertenecemos a una rica tradición política que trata de construir una alternativa a las reglas del juego de la sociedad actual. Algo imprescindible para satisfacer las necesidades sociales en materia de vivienda, frente a las reglas del mercado que solo entiende de oferta, demanda y máximo beneficio para una minoría. En buena lógica, nuestro programa respondía a las necesidades concretas en la sociedad actual, pero también alumbraba medidas que podríamos definir de transición hacia una nueva sociedad.
En nuestra corta experiencia en las instituciones, hemos afianzado un convencimiento: el actual marco administrativo y político no ha sido construido para lograr nuestros objetivos. Al contrario, tiene entre una de sus principales funciones impedir que lo consigamos. Tanto en lo concreto, como en las cuestiones de fondo, se ha revelado fundamental la participación directa y organizada de las personas para resolver los problemas colectivos.
No tratamos con estas conclusiones de despreciar nuestro propio trabajo institucional, ni renunciar a la realización de todas aquellas propuestas concretas que podamos realizar. En ello estamos invirtiendo todos nuestros esfuerzos y nuestras mejores o peores capacidades. Y hemos dado debida cuenta en este documento.
Pero sin un contrapoder desde abajo, que haga frente a los poderes constituidos y fácticos que sostienen eso que hemos definido como un “marco hostil para el derecho a la vivienda”, estaremos más lejos de dar respuesta tanto a lo cotidiano y las necesidades sociales más acuciantes; como de resolver las cuestiones de fondo que impiden superar el atraso histórico español en políticas de vivienda.
Somos optimistas por naturaleza, creemos en el género humano y en su capacidad para trabajar de forma colectiva para hacer avanzar la sociedad. Creemos que existen recursos de sobra en nuestra sociedad para garantizar aquello que coreaban las Marchas de la Dignidad “pan, techo, trabajo y dignidad”. Y pensamos que conjugando ambas certezas lograremos nuestro objetivo. Favorecer este proceso será para nosotros y nosotras nuestra principal tarea en los próximos años.