Esconder la realidad nunca funciona. Los políticos que «minimizan» la emergencia habitacional en Aragón -especialmente en Zaragoza Ciudad- e incluso ponen en duda el proceso de escalada especulativa de las rentas de alquiler… Son unos irresponsables. Dicen «eso ocurre en Madrid y Barcelona, pero en Aragón no se puede hablar de una situación similar».
Veamos. El año pasado (2017) el número de los desalojos forzosos por impago de rentas de alquiler en Zaragoza creció de forma significativa respecto al 2016. Se pasó de 790 a 892… Una cifra récord que nos llevó a cifras de desalojos de 2013. Pues bien, en el primer semestre de 2018 ya son 535 los desalojos de alquileres, superando los del primer semestre de 2017 (506). ¡Una barbaridad!
Zaragoza hace su parte: multiplicando el presupuesto; captando más de 400 viviendas vacías; desarrollando un plan para construir más de 300 nuevas viviendas de alquiler social -además de rehabilitar 840 viviendas municipales-; colaborando en la atención de la emergencia habitacional; adjudicando más de 600 viviendas sociales en lo que va de mandato…
Pero de nada sirve el esfuerzo de los Ayuntamientos, si las administraciones competentes en materia de vivienda no se comprometen de forma efectiva (con más presupuesto y con normativas en la línea de lo defendido por las plataformas). Incluso cuando tenemos buenas leyes -que felicitamos y apoyamos- como por ejemplo la «Ley 10/16» aragonesa que garantiza una alternativa habitacional a todas las familias vulnerables… Esta no se aplica. Esperamos que no ocurra lo mismo con el acuerdo presupuestario a nivel estatal alcanzado por Unidos Podemos con el Gobierno de Pedro Sánchez… Que dispone importantes avances en vivienda (aunque en mi opinión sería necesario ir mucho más lejos para responder a la situación a corto plazo).
10 años después del estallido de la crisis y el Estado español continúa vulnerando los derechos más elementales de la población. ¡No podemos esperar más!
Ahora que continúen con el cuento de fantasía…