La Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón; la Asociación de Promoción Gitana y Stop Desahucios Zaragoza convocaron una asamblea pública (el 6 de septiembre) para reunir a decenas de familias que residen en viviendas ocupadas del sector financiero e inmobiliario. Por la mañana las asociaciones realizaron una rueda de prensa denunciando la situación de indefensión y criminalización que viven estas familias, exigiendo a las administraciones públicas que se pongan en marcha los programas y normativas ya existentes para proteger su derecho a una vivienda digna.
En la asamblea, muy numerosa y fiel reflejo de la situación, había no pocos niños y niñas acompañando a sus padres y madres. Denunciaron los desahucios que tendrán lugar en los próximos meses y reclamaron apoyo para poder negociar y regularizar su situación con las entidades financieras, grandes inmobiliarias y fondos. En lo concreto, al Ayuntamiento de Zaragoza nos reclamaron celeridad en la puesta en marcha del «programa de medicación y acción pública ante la ocupación» -ya aprobado en primavera- y a Gobierno de Aragón el inmediato cumplimiento de la ley 10/16 (en vigor) que en su articulado garantiza la alternativa habitacional para las familias vulnerables que enfrentan desalojos de su vivienda habitual.
Yo no puedo hacer otra cosa que aplaudir la acción conjunta de estas tres entidades, que luchan por poner cara y apellidos a la situación, frente a la estrategia de exclusión y criminalización del poder establecido. Sin organización y movilización social es imposible seguir avanzando, bienvenida sea la lucha de todas estas familias por sus derechos básicos.