Raquel de La Riva y Pablo Hijar en La Calle de Todas (octubre de 2014)
Cuando decimos que existe una emergencia social en el Estado español no exageramos, solo el Gobierno continúa ciego a las dimensiones colosales del crecimiento de la pobreza. Cada vez más gente viviendo con ingresos de miseria o en ausencia total de ellos, y sobre todo gente a la que cada vez le cuesta más tiempo salir de la exclusión social, incluso aún teniendo un trabajo debido a la precariedad de los mismos. El mantenimiento de la crisis y de las recetas de La Troika, no hacen si no empobrecer a cada vez más sectores de la población y además hacerlo por cada vez más tiempo.
La recuperación económica que anuncia el Gobierno es humo, la realidad es que no han aumentado las horas trabajadas, se continúan cerrando empresas e industrias, las prestaciones se agotan para cada vez más familias y además para cerrar el círculo vicioso no se ponen los recursos necesarios por parte de la administración para mejorar la situación de la mayoría de la sociedad.
En este marco y ante la falta de ingresos suficientes para mantener los pagos de las hipotecas, y también cada vez más de los alquileres, se da desde el comienzo de la crisis en 2007 y 2008 una oleada de desahucios sin precedentes en las historia moderna de Europa, si excluimos los grandes desplazamientos por la terrible Segunda Guerra Mundial. Las dimensiones han sido épicas, y lo pero es que la sangría no se detiene. La hemorragia continúa supurando ante la inutilidad manifiesta de las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy. La solución se la dimos ya en el 2013 cuando tuvo en el Congreso la oportunidad de apoyar la dación en pago retroactiva, la moratoria de desahucios y el alquiler social. No quisieron escucharnos, incluso nos criminalizaron por nuestras campaña de movilizaciones y escraches pacíficos. Aún seguimos pagando las consecuencias, aunque la lucha organizada a demostrado una eficacia que pone en aprietos al propio estado por su manifiesta dejación de funciones frente a la creatividad de la población para salir adelante.
Aragón. Mucho ruido y pocas nueces.
Y Aragón no ha sido una excepción. Y pese a tener competencias para realizar una política activa de vivienda con el fin de dotarse de un amplio parque de vivienda pública, el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi mantiene una política de fuegos de artificio paralela al Gobierno Central.
Ahora se cumple un año de la puesta en marcha del Convenio firmado entre Gobierno de Aragón, el CGPJ y la FAMCP… Este convenio consiste en la activación de un protocolo de actuación que supone la detección de situaciones de vulnerabilidad en un desahucio para actuar de forma coordinada entre las distintas administraciones con el fin de entrar una solución de urgencia para las familias. El problema es: primero no tiene carácter de ley con lo que no es vinculante para los jueces, es decir pueden o no aplicarlo. El segundo es que los criterios para establecer la vulnerabilidad son excluyentes, por ejemplo una familia con escasos recursos y un hijo de cuatro años no entra y una familia con un hijo de tres sí, por poner un ejemplo o una familia monoparental con un hijo no entra y con dos sí. Por otra parte el convenio no cuenta con viviendas para realojar a las familias dada la escasez de viviendas del parque público de la DGA (unas 100). El tan cacareado plan de vivienda 2013-2016 que firmaron por fin hace una semana cuenta con una cantidad ridícula para adquisición de vivienda, sobre todo si tenemos en cuenta que en el registro abierto hace un año de solicitud de vivienda de alquiler de la DGA hay ya 1800 personas apuntadas.
Volviendo a los desahucios, los datos del primer año del convenio Gobierno de Aragón – CGPJ – FAMCP – hablan por sí solos. Aunque no hay datos exactos de lanzamientos de primera vivienda podemos hacer una estimación de que se han producido alrededor de 800 durante 2013. Los jueces de junio de 2013 a junio de 2014 han detectado menos de 50 situaciones de vulnerabilidad y tan solo se han resuelto con solución habitacional 26. Es decir eso de “desahucios cero”, “habrá viviendas sociales para los desahuciados”… Es literalmente propaganda.
Al mismo tiempo el parque de vivienda municipal de Zaragoza (epicentro de la ola de desahucios en la comunidad) no pueden hacer tampoco frente a las perentoria necesidad de vivienda -digámoslo claro- pública y barata. En lugar de aumentar de forma ostensible el presupuesto de la sociedad Zaragoza Vivienda para potenciar el alquiler social y la adquisición de vivienda para la red municipal, la política del Ayuntamiento parece caminar -en líneas generales- por mantener lo que hay. Es sangrante saber que existen decenas de viviendas vacías municipales por falta de medios para arreglarlas para su uso con dignidad o que se mantiene también decenas de pisos cerrados en las sociedades mixtas creadas con la Expo y que gestionan distintos inmuebles con alquileres desorbitados.
De extrema necesidad
En medio de esta situación miles de familias aragonesas conviven en viviendas compartidas, habitaciones, pisos ocupados y los que peor suerte tienen en los cajeros. También cada vez más se dan condiciones de semiexclavitud a cambio de techo. El drama de la vivienda, unida a la falta de ingresos, está provocando situaciones limite y obligando a la población a buscarse la vida como puede y echando mano de la caridad. Estamos en 2014 y ya son demasiados los años soportando lo insoportable.
Sólo los ciudadanos organizados desde abajo, en plataformas, asambleas o cualquier otro tipo de agrupamiento social, han logrado paliar en parte la situación y obligar al gobierno a actuar. Era imposible parar los desahucios y lo hicimos, son miles de desahucios paralizados mediante la desobediencia civil. Es imposible conseguir daciones en pago y las conseguimos por cientos. No se puede crear una red de alquiler público adecuada a la situación pero las plataformas consiguen numerosas viviendas de alquiler social. No se puede expropiar las viviendas vacías de los bancos y grandes grupos inmobiliarios pero la Obra Social de la PAH cuenta ya con decenas de bloques recuperados muchos de ellos a la SAREB, conocida como Banco Malo.
Hay que destacar el ejemplo que nos aportan las propias vecinas y vecinos en el caso de La Esperanza del Gancho, el primer bloque recuperado a la SAREB en Aragón y que hoy negocia un alquiler social con la entidad y es ejemplo de convivencia en el popular barrio de San Pablo. ¿No se puede? ¿Es imposible?
Pero nosotras y nosotros, las familias afectadas por desahucios y sus plataformas, ni el conjunto de las organizaciones sociales, no podemos frenar en solitario la ola de desahucios y crecimiento de la pobreza que asola nuestras ciudades. Es el estado a través de las distintas administraciones quien debe garantizar derechos.
Y hablamos de derechos. El modelo actual provoca el aumento de la pobreza en paralelo al aumento de la caridad como forma “paliativa”. Pero se equivocan. La gente quiere, queremos vivir con dignidad. La gente esta harta y quiere cambiar las cosas. La caridad además de insuficiente genera más exclusión social al sustituir a “los derechos”. ¿A caso una existencia digna no debería ser un derecho universal?
Las experiencias que estamos viviendo en Stop Desahucios no hacen más que reafirmarnos en la convicción de que la mayoría social humilde y trabajadora es capaz de todo y a ella pertenece unicamente la capacidad de transformar la sociedad de arriba hasta abajo. Y hoy no sólo es deseable, es necesario y urgente. Y es por ello que el sistema político nacido en 1978 se tambalea. Los que pensaban que aquí nunca cambiaría nada están equivocados. Cada vez somos más las personas que pensamos que ya es hora de que de una vez ganemos las de abajo. Rompamos la terrible jaula de lo posible.
